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14 noviembre 2022

24 de noviembre, NO A LA GUERRA. 26 de noviembre, LOS ALCAZARES. Fiesta del Triunfo del Mar Menor, , Plaza del Espejo.



 



TAMBIÉN TENDREMOS AGROSIMBIOSIS, FERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS










¡¡Ven a celebrar la aprobación y entrada en vigor de la 

Ley de la Personalidad Jurídica del Mar Menor!!

23 octubre 2022

EL MAR MENOR, PRIMERA ETAPA DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN EUROPA.


Ayer, 21 de octubre de 2022, fue publicado en Le Monde un artículo titulado “Reconocer Derechos a la Naturaleza, una revolución jurídica que desafía nuestra visión del mundo”. Este artículo alaba el esfuerzo y el éxito de la profesora Teresa Vicente Giménez y de esta Comisión Promotora, a la hora de conseguir el reconocimiento de derechos al primer ecosistema de Europa y protagonizar una evolución jurídica que, desde allende los mares, desembarca en el Mar Menor. Asimismo refleja la opinión de juristas que afirman que los derechos de la naturaleza son complementarios a los derechos humanos, y que la destrucción de lo vivo hace imposible el ejercicio de nuestras libertades individuales.

Partiendo del reconocimiento que Naciones Unidas realizó en julio de este año al proceso de la ILP y a la labor de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, dentro de su programa “Armonía con la Naturaleza”, a la iniciativa en el Parlamento Europea liderada por Marie Toussaint, y del reciente respaldo del Papa Francisco a esta iniciativa mundial ecocéntrica, de reconocimiento de personalidad jurídica a diversos ecosistemas en Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Canadá, etc. (como ha informado la Global Alliance for Rights of Nature en su página web), resulta sorprendente la noticia aparecida ayer en este diario, aunque nos recuerda que, ante todo cambio de paradigma lo normal es que suscite resistencias.

De esta iniciativa se beneficiarán tanto otros humedales en España (Doñana, la Albufera de Valencia o el Delta del Ebro), como las cuarenta y siete iniciativas que se han registrado en toda Europa desde 1988. La autora francesa citada afirma que se trata de una revolución copernicana que desplaza la visión antropocéntrica del mundo y abre nuevos campos de reflexión sobre la mutua dependencia entre seres humanos y no humanos, y con la naturaleza. 

Nos gustaría recordar que la ILP, ahora Ley 19/2022, de 30 de septiembre, ha sido el resultado de un proceso muy largo y lleno de dificultades –casi dos años, y durante una pandemia-, surgido de entre la semilla universitaria, la preparación formal de la iniciativa y la recogida de 640.000 firmas. En este proceso algunos expertos jurídicos (catedráticos, profesores universitarios, juristas de la Cortes) se han dirigido a la Comisión para ayudar a poder mejorar un texto que puede no resultar perfecto pero que, desde luego, podemos considerar como una útil herramienta de democracia ambiental para defender y restaurar el Mar Menor y catalizar la aplicación del Derecho Ambiental vigente. Algo que las Administraciones se han revelado incapaces de hacer.

Ayer, también, en este diario, aparecían noticias críticas a la Ley 19/2022, atribuidas a profesores universitarios, sobre las que como parte muy implicada en el proceso, no solo como promotores de la iniciativa, sino también como ciudadanos firmantes, quisiéramos manifestarnos, no sin dejar sentado que siempre serán bienvenidas las críticas a la Ley, para que en el desarrollo reglamentario –ya en proceso– se acierte mejor en el funcionamiento, las formas y fórmulas por las que la Ley servirá a los fines que le son propios. Como en cualquier área del Derecho, que debe estar en constante evolución para adaptarse a la realidad social, las críticas pueden ayudar a su mejor desarrollo y aplicación.

En primer lugar, se atribuye a los profesores universitarios citados en las noticias que el texto está lleno de “vaguedades”, sin que sean precisadas. Académicamente o no, toda opinión fundada y razonada merece ser respetada.

Sin embargo lo que podría verse como vaguedad no es sino consecuencia de que el texto responde a algo tan novedoso mundialmente como el reconocimiento de personalidad jurídica y de derechos a la Naturaleza, que, por ser novedoso, en muchos países, como Ecuador o Panamá, los textos legales resultan mucho más breves e imprecisos, sin duda, por prudencia legislativa, a la espera del desarrollo de la Ley y de la experiencia que proporcione su aplicación. La intención de esta Comisión, bien captada por los diputados de las Cortes Generales y los juristas de sus respectivos servicios, era la de una Carta de Derechos, complementada con mecanismos de democracia ambiental derivados de la implementación del Convenio de Aarhus en España. Recordemos que el citado Tratado Internacional promueve una participación real y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales. Además, se debe ser consciente de que se está trabajando en un Reglamento para resolver las imprecisiones.

En cuanto al “encaje en el ordenamiento jurídico” del texto aprobado por las Cortes y vigente desde el 3 de octubre pasado resulta poco meditado calificar de “embrollo” a la Ley, hace falta más reflexión. El Poder Legislativo ha aprobado una ILP suscrita por miles de ciudadanos que han entendido que la personalidad jurídica solo la puede otorgar el legislador estatal y que las herramientas para la protección de los derechos de un sujeto como es el Mar Menor debe decantarse hacia la ciudadanía, tras la crisis institucional a la que se ha asistido y la falta de voluntad de las Administraciones para cumplir la leyes en la laguna costera y el Campo de Cartagena.

En cuanto al “incremento innecesario de la litigiosidad”, un clásico argumento frente a la acción pública o popular, no hay nada que temer por el Poder Judicial, que se enfrentó con soltura a las demandas laborales cuando fueron reconocidos los derechos y las acciones específicas y preferentes de los trabajadores e incluso a las demandas en materia de divorcio, una vez que fue reconocido en nuestro Estado. También queremos resaltar que las ventajas procesales reconocidas en la Ley, que sólo podía reconocer el legislador estatal, suponen una disminución de las barreras sustantivas y materiales a las que se enfrenta todo ciudadano que pretende acceder a la justicia, apoyándose en el artículo 9 del Convenio de Aarhus.

Reconocido el “ecocentrismo” por el propio legislador, nada hay que discutir, salvo matizar que la virtualidad del artículo 45 como derecho subjetivo se verá potenciada por los derechos del Mar Menor. Todo suma en la defensa legal del medio ambiente, sea dominio público o privado. La figura más potente para defender la Naturaleza es la de convertirla en sujeto de derechos, como ha sido propuesto desde 1973 por el profesor Christopher Stone en un caso judicial  que enfrentaba a ambientalistas del Sierra Club frente a un parque temático de Walt Disney en un bosque virgen.

En cuanto a la vulneración de las competencias autonómicas entendemos que no existe tal, dado la escasa aplicación y control de las normas regionales que protegían el Mar Menor hasta ahora. 

No compartimos un mal augurio de la Ley 19/2022, en la que se han implicado una gran parte de la ciudadanía española y que tiene como fuerte el derecho a la restauración del Mar Menor, la participación y el acceso a la justicia. Existe ya una masa crítica que respaldó su aprobación y ahora espera su aplicación efectiva. Si hay desconocimiento del ordenamiento jurídico español y europeo lo tendrán que decir las Tribunales. El Comité Económico y Social de la Unión Europea ya ha publicado un documento sobre una posible Carta de Derechos de la Naturaleza y, en cuanto al Derecho Internacional, la Ley 19/2022 ha sido recibida con albricias en el seno del Convenio de Aarhus en Ginebra (Naciones Unidas).

Quizá sea conveniente esperar al reglamento estatal para aplacar las críticas a la Ley 19/2022, aunque una lectura sosegada del artículo tercero puede ayudar a vislumbrar el camino y el cambio.

No es la primera vez que a esta Comisión se le ha planteado la  inconstitucionalidad. Partiendo de que Finlandia, Italia, Suiza y Portugal están en proceso de modificación de sus Constituciones para introducir los derechos de la Naturaleza, como previsiblemente también ocurrirá en Chile, no nos sentimos solos, más bien acompañados.

Somos conscientes del gran reto jurídico que se abre ante nosotros. Lo somos aún más de que los mecanismos preventivos y reactivos del Derecho Ambiental no han podido evitar una hecatombe. Representamos a 640.000 personas que buscan la restauración de un ecosistema tan querido como herido. Intentémoslo.